El consentimiento informado que caduca

La Ley 41/2002 no establece un plazo de caducidad general. Lo que exige es que la información sea adecuada en el momento del procedimiento. Algunas comunidades autónomas y sociedades científicas recomiendan plazos — habitualmente entre seis meses y un año para procedimientos invasivos —, pero no hay una norma estatal única. Eso deja la decisión en manos de cada centro, que debería tener un protocolo que establezca sus propios plazos y que el sistema haga cumplir. Sin protocolo, la vigencia depende de la memoria del profesional, que es un mecanismo frágil y no demostrable.

Depende de la naturaleza del cambio. Si la versión nueva añadió un riesgo clínicamente relevante, las firmas anteriores no cubren ese riesgo nuevo y el profesional debería valorar pedir una refirma. Si el cambio fue una errata o una actualización menor, las firmas anteriores pueden seguir siendo válidas. La caducidad por cambio de versión no es automática en el sentido legal — es una señal de que algo ha cambiado y de que el profesional debe evaluar si la firma anterior sigue siendo suficiente para el procedimiento que va a realizar.

Lo correcto es que el paciente firme el consentimiento completo en su versión actual, no solo las diferencias. El consentimiento informado es un acto unitario — el paciente acepta un conjunto de información — y fragmentarlo en «lo que ya firmó» y «lo nuevo» genera confusión sobre qué cubre exactamente la firma. En la práctica, el profesional puede explicar al paciente qué ha cambiado respecto a la vez anterior, pero el documento que firma es la versión completa vigente. Así la firma queda vinculada a un texto íntegro y no a un resumen de diferencias.

No automáticamente. La validez depende de si la información sigue siendo adecuada: si la plantilla no ha cambiado, si las circunstancias clínicas del paciente son las mismas y si no se ha superado un plazo establecido por el protocolo del centro. Pero un consentimiento de dos años es una señal de alerta: en dos años es probable que algo haya cambiado — una versión nueva, un riesgo recién descubierto, un cambio en el estado del paciente —. El profesional debería comprobar antes de asumir que la firma sigue siendo válida, y el sistema debería facilitarle esa comprobación.

Sí. La Ley 41/2002 establece en su artículo 8.5 que el consentimiento puede revocarse libremente en cualquier momento. La revocación no es lo mismo que la caducidad: la caducidad es una pérdida de vigencia por circunstancias objetivas — plazo, versión, cambio clínico —, mientras que la revocación es una decisión del paciente. La revocación debería quedar registrada en el expediente con la misma formalidad que la firma, incluyendo la fecha y la identidad de quien la recoge. Un sistema que gestiona la vigencia debería gestionar también la revocación como un acto documentado.

El profesional que va a realizar el procedimiento. El sistema puede señalar que el consentimiento ha caducado — por plazo, por versión o por ambos —, pero la decisión de pedir una nueva firma es clínica. Si el cambio de versión fue menor y las circunstancias del paciente no han cambiado, el profesional puede considerar que la firma anterior sigue siendo suficiente. Pero esa decisión debería quedar registrada: «consentimiento contra versión anterior, vigencia evaluada por el Dr. X el día Y, no se requiere refirma». Sin ese registro, nadie sabe si la vigencia se evaluó o si simplemente se ignoró.

No. Los consentimientos para procedimientos repetitivos — sesiones de rehabilitación, revisiones periódicas, tratamientos crónicos — pueden tener plazos de vigencia más largos que los consentimientos para cirugía. La clave es que el plazo refleje la realidad clínica: un consentimiento para una cirugía única no necesita el mismo plazo que un consentimiento para un tratamiento que se repite cada mes. La configuración por tipo de plantilla permite que cada consentimiento tenga el plazo que su naturaleza clínica requiere, sin aplicar un criterio uniforme que no se ajusta a la diversidad de procedimientos.

El sistema debería mostrarlo al abrir el expediente del paciente. Si el consentimiento que firmó el paciente era la versión 3 y la versión activa es la 5, el sistema muestra esa diferencia y señala que la firma no cubre la versión actual. Sin esa funcionalidad, el profesional tendría que comprobar manualmente el historial de versiones de la plantilla y compararlo con la fecha de la firma del paciente — algo que en la práctica nadie hace, especialmente en consultas con decenas de pacientes al día. La información tiene que llegar al profesional sin que la busque.